El Mando Económico de Canarias
May 1, 2012
Juan Carlos Díaz Lorenzo. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela
El Mando Económico de Canarias constituye la manifestación más destacada del período que se conoce como autarquía del franquismo, en una época de vacas flacas y penurias de todo tipo, que se agudizó especialmente a partir de 1941, en plena guerra mundial y apenas dos años después del final de la guerra civil española.
“El Gobierno –dice la memoria de creación del citado organismo-, atento a los problemas nacionales y a la vista de las posibles complicaciones que la contienda mundial pudiera originar, tomando en consideración el aislamiento y la lejanía del Archipiélago Canario, consideró necesario reunir de la mano del Capitán General la dirección de su Economía, al igual que el mando de todas las fuerzas de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire”. De acuerdo con esta decisión, el Mando Económico de Canarias se creó mediante decreto presidencial de 5 de agosto de 1941, que firmó el Jefe del Estado el 25 de septiembre siguiente.
“Esta medida de previsión (…) consistente en centralizar en una sola persona todos los resortes de mando, vida y ordenación económica de una región tan aislada del territorio nacional, sólo fue anticipo y organización hecha en la calma de la paz de lo que, de todas formas y por imperio de la necesidad, se hubiera realizado por sí sólo en el caso de que España se hubiese visto obligada a tomar parte en la guerra, ya que, durante ella, la suerte de los países muchas veces se jugaba por agentes externos a sus propios deseos y conveniencias”.
A Serrador le correspondió asumir la etapa inicial del Mando Económico, aunque falleció en la capital tinerfeña el 23 de enero de 1943. El 4 de marzo siguiente fue nombrado el entonces general de división Francisco García-Escámez e Iniesta, que llegó el 26 de marzo al puerto de Santa Cruz de Tenerife, procedente de Sevilla y Las Palmas, siendo recibido en el muelle Sur por un inmenso gentío y en la tarde de ese mismo día tomó posesión de su nuevo cargo.
Para llevar adelante su misión, el capitán general nombró delegados del Mando Económico y de Abastecimientos en las dos islas mayores y subdelegados en las islas menores. En todas las decisiones tomadas por el Mando Económico, que fueron muchas en el período de vigencia comprendido entre 1941 y 1946, se consideraron las necesidades más diversas y la política de abastecimiento, facilitando en lo posible el autoabastecimiento de papas, cereales y otros alimentos básicos.
La pérdida temporal del régimen histórico de Puertos Francos se trató de compensar con una política de precios, estimulando la competencia comercial y poniendo topes a los artículos de primera necesidad. Se creó un “consorcio de almacenistas” para la intervención de los artículos básicos, reglamentando su distribución y su circulación, siendo responsable del almacenamiento, mermas y averías. También se lograron cupos especiales para el abastecimiento de tejidos procedentes de la Península.
En el transporte y debido a los problemas de repuestos y combustibles, con un parque móvil anticuado, se organizaron secciones de camiones que abastecían a los pueblos y cargaban los plátanos y los tomates para su descarga en el puerto, permitiendo así su exportación. Asimismo se organizó un taller de reparación y recauchutado de cubiertas, autorizando la importación de las materias primas necesarias.
El Mando Económico se interesó por la industria tabaquera, prestó especial atención a los agricultores y permitió algunas importaciones para el mantenimiento de la actividad. También impulsó la industria de conservas de pescado y salazones, buscando posibles mercados y proporcionando materia básica para la fabricación de los envases.
En cuanto a política social, y con el objetivo de amortiguar los efectos del paro, que entonces tenía un fuerte impacto en las islas, se acometieron diversas obras de interés general, como algunas carreteras, caminos vecinales, puentes, viviendas, barriadas para obreros, talleres de formación, escuelas y casas para maestros, obras religiosas, obras sanitarias y de beneficencia (sanatorios, hospitales, leproserías, jardines de infancia), muelles, embarcaderos, presas, canales, depósitos, embalses, conducciones, perforación de galerías de agua, suministro eléctrico, cooperativa vinícola, hoteles y un mercado[1].
En los años de la posguerra española, la enseñanza estaba en una situación muy deficiente, ya que en la mayoría de los pueblos y, sobre todo, en las dos capitales, faltaban escuelas y muchas de las que entonces existían carecían de condiciones higiénicas y pedagógicas.
Como, además, las corporaciones insulares y locales carecían de los medios económicos para afrontar estas necesidades, el Mando Económico contribuyó a la solución del problema planificando la construcción de modernos grupos escolares y adquirió otros edificios para su reforma y transformación en escuelas públicas en aquellos pueblos en los que por su población escolar, no precisaban de la construcción de un grupo nuevo. Asimismo, el Mando Económico adquirió los terrenos para la construcción de la nueva sede de la Universidad de La Laguna y organizó centros culturales en barriadas obreras, dotados de bibliotecas, entre otras muchas actuaciones.
Gestión del fondo social
La gestión del fondo social se realizó mediante la aplicación de una serie de impuestos, que se resume en los siguientes aspectos:
– Redondeo centesimal (al alza a 0 ó 5) de todos los artículos del racionamiento.
– Diferencia entre el precio que el Mando Económico compraba el café y el de venta al público (12 ptas/kg.)
– Impuesto de 3 ptas. por kg. de tabaco importado.
– Impuesto de 0,50 ptas. por litro de alcohol importado.
– Impuesto en los combustibles líquidos, que varió entre 0,02 y 0,15 ptas. por litro.
– Impuesto de 1,15 ptas. por litro de gasolina para coches de turismo particulares.
En total se recaudaron más de 80 millones de pesetas[2], que se invirtieron oficialmente de la siguiente forma:
– Barriadas obreras (728 viviendas): 22.820.204,14 ptas
– Obras sanitarias y de beneficencia : 6.854.912,16 ptas
– Obras de enseñanza: 7.840.975,33 ptas
– Obras públicas: 7.160.423,83 ptas
– Obras hidráulicas y enarenados: 10.218.775,83 ptas
– Mercados: 4.976.010,66 ptas
– Suministro de energía eléctrica: 2.857.881,36 ptas
– Hoteles: 13.904.166,91 ptas
– Obras religiosas y cementerios: 3.379.862,77 ptas
– Monumento a los Caídos: 1.732.280,00 ptas
– Cooperativa Vinícola de Fuencaliente: 1.675.462,02 ptas
– Otras actividades: 1.304.405,79 ptas
Total: 84.725.360,80 ptas
Del Mando Económico dependía también la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT), organismo encargado de coordinar y aplicar la política de abastos y racionamiento que se adoptó durante la autarquía. En su primera fase, de 1939 a 1941, estuvo bajo el control directo de las comandancias militares. La promulgación de la ley de 29 de junio de 1941 estructuró la citada CAT, cuyas funciones estaban encaminadas a obtener y adquirir los recursos para el abastecimiento de la población.
La nueva ley favorecía las operaciones de intervención y articulaba toda la red de abastecimientos en la producción, elaboración, almacenamiento y venta de los productos, correspondiéndole la fijación de los diferentes tipos de racionamiento, tasación de precios, posibilidad de elementos sustitutivos a complementos de alimentación, propuestas periódicas de importaciones y exportaciones para suplir los problemas de abastecimiento o la centralización de las estadísticas de recursos de consumo.
La Comisaría de Abastecimientos y Transportes intervenía en todas las fases del ciclo de la distribución, desde la obtención de recursos mediante entregas o ventas obligatorias hasta el reparto por zonas geográficas y las cantidades que le correspondían a las familias por medio de las célebres cartillas de racionamiento, tipificadas con unas características complejas y susceptibles de modificaciones, según las circunstancias.
En Canarias, entre 1939 y 1946, el control y la política de la CAT correspondió a la fase institucional conocida como la “militarización” de la economía regional y a partir de entonces pasó a los respectivos Gobiernos Civiles y delegaciones de Comercio, correspondiendo su aplicación a las delegaciones provinciales de Abastecimiento y Transportes.
En diciembre de 1936, un bando de las Juntas Provinciales de Economía detallaba cuáles eran los artículos de primera necesidad, incluyendo los clásicos alimenticios, así como el gofio y otros como la paja para pienso y los productos energéticos. En Canarias, y puesto que la mayoría de los bienes tradicionalmente provenían del exterior, se articuló un complejo sistema de cupos y la concesión de divisas e incluso contemplaba el sistema para aprovechar estadías excepcionales de mercancías en los puertos, lo que justificó la intervención, por ejemplo, de cargamentos de grano procedentes de Argentina para otros destinos.
Las cartillas de racionamiento se aplicaron en Canarias a principios de septiembre de 1939 para aceite y azúcar, ampliándose, en lo sucesivo, a otros artículos, como arroz, jabón, carbón y gasolina, fijándose criterios de reparto familiar en función del tamaño de la población en la que se residía, el nivel de ingresos de la unidad familiar, el número de miembros y, excepcionalmente, se llegó a valorar el grado de dureza del trabajo de los miembros.
La complejidad en el funcionamiento de los abastos provocó frecuentes variaciones en los cupos de reparto. Los desajustes entre las islas estaban producidos no sólo por la propia coyuntura de las producciones, sino por su dependencia de factores como la regularidad de los suministros portuarios, lo que favoreció el desarrollo del cambullón[3].
Foto: Juan Carlos Díaz Lorenzo
[1] Navarro Segura, María Isabel. Arquitectura del Mando Económico en Canarias (1941-46). La posguerra en el Archipiélago. ACT. Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1982.
[2] Una peseta del período 1941-1945 correspondía a 94,75 pesetas del año 2002, cuando desapareció esta moneda y fue sustituida por el euro. Mediante ese cálculo, el total superó los ocho mil millones de pesetas, de los que casi la mitad se pagaron en jornales.
[3] Rodríguez Martín, José Ángel. Comisaría de Abastecimientos y Transportes. En Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV. Ediciones Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1994.